La salud mental no puede esperar
Lic. Jorge Garaventa*
Considerar que los procesos psicoterapéuticos pueden ser interrumpidos por tiempo incierto es retornar a concepciones ya felizmente superadas; aquellas en las que se derivaban pacientes a los psicólogos “porque no tenían nada” o porque la medicina los consideraba circulando por los terrenos de la ficción o la exageración.
Los procesos psicoterapéuticos dan cuenta de una problemática que aqueja al paciente que afecta su vida, o parte de ella y paraliza, o al menos obstaculiza sus formas de estar en el mundo, que, simplificando, solemos llamar subjetividad.
Acuden a nuestros consultorios o diversos lugares de atención tratando de dilucidad “la razón de la sinrazón” del sufrimiento y también, por qué no, esperanzados de encontrar lugar donde mitigar y alojar su dolor, calmar la pena de sus duelos e intentar acotar la incómoda resultante de la repetición de conductas que liman la felicidad.
Este es apenas un muestrario de muchas otras cuestiones que se nos pueden ocurrir en el momento de describir nuestra tarea, pero lo que no debe perderse de vista es que quiénes acuden a nosotros lo hacen suponiéndonos profesionales idóneos con formación universitaria y con la capacitación suficiente para responder a las demandas, aún en situaciones críticas.
La emergencia del COVID-19 nos confronta precisamente con estas cuestiones.
Tanto las indicaciones de las autoridades sanitarias y las limitaciones a la vida cotidiana dispuestas por el Gobierno nos llevan a una decisión que inexorablemente se va imponiendo: la atención presencial de pacientes ha de reducirse al mínimo posible, para ser más precisos, solo cuando es inevitable, pero ello no significa la suspensión del proceso terapéutico sino apelar a modalidades virtuales que muchos de nosotros venimos implementando hace años en determinadas circunstancias.
Se nos impone la cuestión de que hoy la excepción ha de ser la regla y es necesario entender la emergencia.
Tal vez se hará necesario supervisar más algunas prácticas y encuadrar claramente el accionar en las disposiciones deontológicas que rigen nuestras prácticas. La creatividad va de la mano de la responsabilidad profesional en estas situaciones. Y es una impronta ética plantearnos alternativas a lo presencial en un momento en que el mundo entero desborda angustia ante la proximidad de los cuerpos.
Serán los colegios y asociaciones quienes resolverán con las distintas obras sociales las trabas burocráticas y cuestiones de pago. No es una cuestión individual sino del colectivo.
Las empresas de salud y las demás instituciones que solventan prestaciones o parte de las mismas no pueden caprichosamente poner en juego la salud mental de parte de la población, pretendiendo atarse a normativas burocráticas o de facturación que van en las antípodas de lo que las disposiciones indican: que lo presencial se reduzca a lo inevitable.
El COVID-19 es una seria conmoción mundial que despierta las fantasías y temores más catastróficos que no se alejan necesariamente de la realidad de muchos usuarios.
Por esto y muchas más razones insistimos en que la salud mental no puede esperar cuando existen modos alternativos de abordaje. Son tiempos de estar a la altura de la crisis, y al lado de nuestros pacientes.
MN Nº 5603